Las viviendas de uso turístico han ganado popularidad en los últimos años, generando tanto oportunidades como desafíos en las comunidades de propietarios. En este artículo, explicamos qué debe hacer una comunidad si desea prohibir estos alojamientos en su edificio, qué ocurre con las viviendas ya registradas y aclaramos algunos mitos frecuentes sobre este tipo de inmuebles.

Viviendas de uso turístico en tu comunidad

¿Puede una comunidad de propietarios prohibir las viviendas turísticas?

Sí, una comunidad de propietarios puede establecer limitaciones o prohibiciones sobre las viviendas de uso turístico, pero para ello es necesario cumplir con ciertos requisitos legales. La Ley de Propiedad Horizontal permite a las comunidades adoptar acuerdos para restringir o regular estos alojamientos, siempre y cuando se cuente con una mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios que representen tres quintas partes de las cuotas de participación.

Este acuerdo debe reflejarse en los estatutos de la comunidad o en el libro de actas y debe ser inscrito en el Registro de la Propiedad para que tenga efectos frente a terceros.

Además de la prohibición, la comunidad también puede acordar un incremento en las cuotas de participación para las viviendas de alquiler turístico, siempre que no suponga un incremento superior al 20%. Esta medida puede servir para compensar los gastos adicionales que estas viviendas puedan generar en el mantenimiento de las zonas comunes.

¿Qué sucede con las viviendas turísticas ya registradas?

Si una comunidad aprueba la prohibición de las viviendas de uso turístico, esta decisión no afecta a aquellas que ya estaban legalmente registradas con anterioridad. En este caso, los propietarios de estas viviendas pueden seguir ejerciendo su actividad, ya que la prohibición no tiene efectos retroactivos. No obstante, deberán cumplir con las normativas municipales y autonómicas vigentes para evitar sanciones o problemas legales.

Requisitos para las viviendas de uso turístico

Para operar legalmente como vivienda de uso turístico en Castro Urdiales y en el resto de Cantabria, es necesario cumplir con una serie de requisitos, entre los que se incluyen:

• Inscripción en el Registro de Turismo de Cantabria.

• Cumplimiento de las normas urbanísticas y de habitabilidad.

• Disponer de seguro de responsabilidad civil.

• Garantizar la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios.

• Identificación clara en la vivienda con la correspondiente placa o distintivo.

• Cumplimiento de las ordenanzas municipales en materia de ruidos y convivencia vecinal.

Es fundamental que los propietarios se informen sobre la normativa específica de su municipio, ya que pueden existir requisitos adicionales.

Desmintiendo mitos sobre las viviendas turísticas

Existen varios mitos en torno a las viviendas de uso turístico que pueden generar confusión. Aclaramos algunos de los más comunes:

• Solo pueden ubicarse en las primeras plantas: Falso. No hay ninguna normativa que obligue a que este tipo de alojamientos estén en las primeras plantas de los edificios. Su ubicación depende de las normativas urbanísticas locales y de lo que establezcan los estatutos de la comunidad de propietarios.

• No pueden prohibirse en comunidades antiguas: También falso. Siempre que se cumpla con los requisitos legales, cualquier comunidad puede acordar su prohibición, independientemente de la antigüedad del edificio.

• Cualquier vivienda puede registrarse como turística sin requisitos adicionales: Incorrecto. Es obligatorio cumplir con las exigencias legales establecidas en cada comunidad autónoma y municipio.

Conclusión

Las viviendas de uso turístico pueden ser una fuente de ingresos para los propietarios, pero también pueden generar problemas de convivencia en las comunidades de vecinos. Es fundamental conocer la normativa vigente para actuar con seguridad y evitar conflictos. Si tu comunidad desea regular o prohibir estos alojamientos, lo mejor es contar con el asesoramiento de un administrador de fincas para garantizar que el proceso se realice correctamente y dentro del marco legal.